AFSCME, UNAC/UHCP y la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) demandaron a la administración para detener los despidos masivos de trabajadores federales en período de prueba y devolverles sus trabajos a los trabajadores despedidos.
La Oficina de Gestión de Personal (OPM) ordenó la semana pasada a las agencias federales que comenzaran a despedir a los empleados que están en período de prueba, lo que generalmente significa el primer año o dos de su empleo. Hasta 200,000 trabajadores federales podrían verse afectados.
La demanda, presentada el miércoles en un tribunal federal de San Francisco, alega que los trabajadores federales fueron despedidos ilegalmente. Su despido representa “uno de los fraudes laborales más grandes en la historia de este país”, según un comunicado de prensa enviado por las uniones.
Los demandantes incluyen a AFSCME, AFGE, AFGE Local 1216 y la Asociación de Enfermeras Unidas de California/Unión de Profesionales de la Salud (UNAC/UHCP, AFSCME).
El presidente de AFSCME, Lee Saunders, dijo que las cartas de despido citaban “problemas de rendimiento” sin ninguna explicación o razonamiento.
“Estos despidos masivos son otro intento ilegal de esta administración dirigida por multimillonarios para desmantelar los servicios públicos sin tener en cuenta la salud y la seguridad de nuestras comunidades”, dijo Saunders. “Los trabajadores federales son profesionales calificados que hacen que nuestra nación sea más fuerte, apoyando nuestras escuelas, parques, hospitales e infraestructura vital”.
UNAC/UHCP representa a los empleados que fueron despedidos del Hospital de Veteranos Jerry L. Pettis Memorial en Loma Linda, California, el cual brinda atención primaria y servicios de salud especializados, incluida la atención de salud mental, a los veteranos de EE. UU. Su despido se produce en un momento de escasez de personal de atención médica en todo el país.
Charmaine Morales, enfermera registrada y presidenta de UNAC/UHCP, dijo que los despidos masivos son un acto imprudente que puede costar vidas.
“Los nuevos empleados son cruciales ya que nuestro país sigue enfrentando desafíos de personal de enfermería”, dijo. “Despedir indiscriminadamente a estos enfermeros, que son esenciales para la atención que brindan sus unidades, podría realmente costar vidas”.
La demanda dice que los despidos se basaron en falsos pretextos y violan la ley federal, incluida la Ley de Procedimiento Administrativo. La OPM actuó ilegalmente al dirigir a las agencias federales a utilizar un aviso de despido estandarizado que afirmaba falsamente problemas de rendimiento.
El Congreso, no la OPM, controla y autoriza el empleo federal y el gasto relacionado por parte de las agencias administrativas federales, y el Congreso ha determinado que cada agencia es responsable de gestionar a sus propios empleados, según la demanda.
“Seguiremos luchando contra estos ataques a las libertades de los trabajadores que amenazan todo, desde la seguridad alimentaria hasta la seguridad nacional y la atención médica”, dijo Saunders.
La campaña “Get Organized” de AFSCME busca detener a los extremistas anti-sindicales y sus amigos multimillonarios de destruir los servicios públicos que brindamos y revertir las leyes que protegen nuestra salud y seguridad en el trabajo, nuestra seguridad laboral e incluso nuestra libertad para formar parte de nuestra unión.